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Guía Para Las Votaciones De Luisiana En 2020: Lo Que Debe Saber Para Poder Votar

Jess Clark
/
WWNO

Translation by Luis Rodrigálvarez

Aunque parezca mentira, ha llegado el momento de votar en las elecciones de 2020.

Seguramente ha leído y escuchado mucho sobre las elecciones presidenciales, en las que el exvicepresidente Joe Biden se enfrenta al presidente Donald Trump. (Si no, permítanos dirigirle a la información de NPR). Aquí hemos preparado una guía de las elecciones de Luisiana, incluyendo las elecciones al Congreso de las áreas de Nueva Orleans y Baton Rouge.

Votaremos por un senador de los EE. UU. y, dependiendo de su residencia, quizá por un representante del Congreso. También hay que decidir muchas enmiendas constitucionales.

Y si necesita ayuda para entender cuándo, dónde y cómo votar en esta ocasión, lea esta información.

El alcalde de Shreveport, Adrian Perkins, compite por ser el primer senador negro que representa a Luisiana desde 1887, pero el aspirante demócrata, uno de los 15 candidatos de la contienda, se enfrenta a una ardua batalla contra el actual titular republicano Bill Cassidy.

Perkins y Cassidy son los dos candidatos más conocidos y con mayor financiación. Son los dos únicos ganadores de los comicios con anterioridad y ambos han conseguido apoyos clave. El presidente Donald Trump y el resto del grupo de poder republicano ha apoyado a Cassidy. Mientras, el expresidente Barack Obama y el gobernador de Luisiana John Bel Edwards han apoyado a Perkins y se ha organizado un Comité de acción de gastos (Super PAC) en apoyo de su candidatura.

Cassidy, médico en Baton Rouge, espera ganar su segunda legislatura por seis años más en el Senado de los Estados Unidos. Ha recaudado más de 9 millones de dólares y ha comenzado su campaña de televisión para promocionar el trabajo que ha realizado en el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado. Como senador y médico, Cassidy ha encabezado en varias ocasiones los intereses de los republicanos en temas de salud pública, y el presidente Trump dice que llama a Cassidy cuando tiene consultas sobre la política de atención médica. A principios de este año, Cassidy anunció que había dado positivo en la prueba de coronavirus, recuperándose tiempo después.

Perkins, entró por sorpresa en el último minuto para las elecciones al senado, siendo uno de los cinco candidatos demócratas. Perkins ha ejercido como alcalde de Shreveport desde diciembre de 2018. Es un ex Ranger del Ejército y se graduó en Derecho en Harvard, donde también fue presidente del cuerpo estudiantil.

Otros demócratas incluyen al activista político y organizador de Baton Rouge, , el maestro de Nueva Orleans , el gerente de un restaurante y el abogado y defensor de los discapacitados .

Hay varios candidatos independientes en la lista electoral: , Melinda Mary Price, , , Gregory E. Fitch, , Vinny Mendoza y .

El primer distrito del Congreso de Luisiana está situado en la parte sudoriental del estado e incluye las parroquias de Plaquemines, San Bernardo y San Tammany, así como partes de las parroquias de Jefferson, Lafourche, Orleans, Tangipahoa y Terrebonne.

El estratega republicano de la Cámara , de Luisiana, se presenta a la reelección. Scalise fue elegido por primera vez al Congreso en 2008 después de haber ejercido en la Legislatura Estatal de Luisiana durante 12 años. Alcanzó relevancia nacional en 2017 después de que le dispararan y resultara gravemente herido en un entrenamiento de béisbol de los republicanos. Desde entonces, ha entablado una estrecha cooperación con el presidente Donald Trump.

Scalise se enfrenta a dos contrincantes: el demócrata Lee Ann Dugas y el liberal . En 2018, Scalise fue reelegido por el 71 por ciento de los votos. Dugas y Kearney también estaban en la lista y obtuvieron el 7 y el 1 por ciento de los votos respectivamente.

La campaña de reelección de Scalise ha recaudado más de 26 millones de dólares, según la Comisión Federal Electoral. Dugas y Kearney no han presentado ningún informe de la financiación de sus campañas.

El segundo distrito del Congreso de Luisiana es una franja ondulada que va desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge, abarcando las áreas circundantes. Incluye la totalidad de la parroquia de St. James y partes de las parroquias de Ascensión, Asunción, Este de Baton Rouge, Iberville, Jefferson, Orleans, San Carlos, San Juan Bautista y Oeste de Baton Rouge en el sur de Luisiana.

El congresista demócrata se presenta a la reelección en este distrito de tendencia demócrata. Richmond ha sido una estrella en ascenso en el partido nacional y es copresidente de la campaña electoral presidencial del exvicepresidente Joe Biden. Ha ocupado el escaño desde 2011, y ganó cómodamente en 2018 con el 80.6 por ciento de los votos.

Tiene como contendientes a otros cinco candidatos, dos de los cuales han creado páginas web para sus campañas:

es miembro de la familia de músicos Batiste, se presenta como independiente dando voz a las familias corrientes de Nueva Orleans

Colby James también se presenta como independiente, es un veterano y antiguo delincuente que se presenta como la voz de los no escuchados, entre las que incluye las de las minorías.

Los otros candidatos son el demócrata Glenn Harris, el republicano David Schilling y el republicano Sheldon Vincent.

El sexto distrito del Congreso de Luisiana se extiende en gran parte a ambos lados del río Mississippi y cubre la mayor parte de Baton Rouge y sus suburbios, continuando hacia el sur hasta Houma. También incluye los límites occidentales del Lago Pontchartrain.

El actual congresista republicano aspira a su cuarto mandato. Este distrito de tendencia republicana ha estado representado por republicanos desde 2009. El congresista Graves es miembro del Comité de Transporte e Infraestructura y del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ambos se encargan de varios asuntos de Luisiana como la protección contra las inundaciones y el transporte marítimo. También es el principal republicano en el subcomité de la Cámara de Representantes sobre la crisis climática, donde tuvo un memorable debate con la activista medioambiental Greta Thunberg

El demócrata es un empresario que se presenta después de renunciar a una oferta anterior para el Senado de los Estados Unidos. Como temas principales, señala la reforma de la justicia penal y la seguridad de las elecciones. Se autopublicó un libro este mismo año, detallando su ascenso y caída como un "joven ladrón de identidades" antes de dar un giro a su vida. Shannon Sloan, de Denham Springs, se presenta como la opción liberal. El independiente Richard Torregano también está en la lista.

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda que declara que, para proteger la vida humana, el derecho al aborto y la financiación del aborto no deben aparecer en la Constitución de Luisiana?"

¿Qué es lo que cambiaría?

Se añadiría un artículo a la Constitución de Luisiana que declara que la Constitución no incluirá el derecho al aborto o la financiación del aborto. No hay efectos inmediatos, pero en el futuro hay potenciales cambios.

El caso de Roe contra Wade juega un papel muy importante en este debate, especialmente después de la muerte de la Jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg y su posible reemplazo por la Jueza Amy Coney Barrett.

Actualmente, el aborto es legal en los 50 estados. En caso de que Roe contra Wade sea revocado, Luisiana tiene una ley activadora que tendría un efecto inmediato y que prohibiría todos los abortos en el estado, excepto en los casos en que la persona embarazada tenga probabilidades de morir.

Así que no habría excepciones como en caso de riesgo para la vida del feto dentro del útero, para víctimas de violación o de incesto, o con graves riesgo para su salud, aunque sí en caso de riesgo mortal, para la persona embarazada.

Ante estas circunstancias, las constituciones de los estados se convertirían en los campos de batalla de los derechos reproductivos, y esta enmienda impediría cualquier apelación a nivel estatal a la prohibición del aborto, o a cualquier otra ley antiabortista aprobada por los políticos, cerrando efectivamente cualquier vía legal para anular dichas leyes.

¿Quién está a favor y quién en contra?

Los grupos y políticos antiabortistas están impulsando dicha enmienda. Fue aprobada en 2019 por la legislatura e introducida por la entonces representante y la ahora actual senadora Katrina Jackson, una de las principales defensoras de las leyes antiaborto.

A los grupos antiaborto les preocupa que los obstáculos a dichas las leyes, en virtud de la constitución del estado, puedan dar lugar a un fallo a nivel estatal similar al del caso Roe contra Wade en el Tribunal Supremo de Luisiana, lo que ya ha sucedido en otros 13 estados. Estos grupos están impulsando esta enmienda para evitar que el derecho al aborto se encuentre en la constitución del estado y así dar el control exclusivo a los políticos de Luisiana para establecer las leyes de aborto en el estado.

Los grupos a favor de los derechos reproductivos son los que se oponen a esta enmienda. Argumentan que la Constitución del estado debería proteger, no despojar de los derechos de los ciudadanos, y que esta enmienda pondría injustamente en desventaja a aquellos con menos medios económicos. Argumentan que las mujeres siempre han buscado, y siempre buscarán, el poder abortar, y sólo aquellas que no puedan permitirse viajar fuera del estado son las que se privaran de obtener uno. También argumentan que los derechos constitucionales no deberían estar en manos de los políticos.

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda para permitir que la presencia o la producción de petróleo o gas se incluya en la metodología utilizada para determinar el valor de mercado de un pozo de petróleo o gas a la hora de evaluar la propiedad?"

¿Qué es lo que cambiaría?

El objetivo de esta enmienda es ayudar a los asesores fiscales regionales a determinar con mayor precisión el valor de los pozos de petróleo y gas a efectos de la evaluación del impuesto sobre la propiedad.

En este momento, la constitución del estado no permite a los asesores fiscales regionales considerar el valor del petróleo y el gas que proviene de un determinado pozo de petróleo y gas al determinar su valor de mercado a efectos de los impuestos sobre la propiedad.

Los asesores fiscales se han visto obligados a calcular el valor basándose en otros criterios, como cuánto costaría construir un pozo de reemplazo. Esto significa que los pozos con equipo idéntico reciben idénticas tasaciones fiscales, incluso si uno de ellos está produciendo y el otro no.

La enmienda 2 permitiría a los asesores fiscales de las parroquias considerar cuán productivo es un pozo al determinar su valor. Si se aprueba, la Comisión de Impuestos de Luisiana comenzaría entonces el proceso de creación de normas para que los asesores fiscales regionales tengan en cuenta la productividad de un pozo en su evaluación fiscal.

Esto podría significar que, con el tiempo, las empresas que poseen pozos menos productivos pagarían impuestos regionales más bajos por esos pozos, pero impuestos regionales más altos por los pozos más productivos.

¿Quién está a favor y quién en contra?

La enmienda es apoyada por la Asociación de Asesores de Luisiana, que representa a los asesores fiscales de las parroquias. También es apoyada por la Asociación de Petróleo y Gas del Medio Continente de Luisiana (LMOGA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Petróleo y Gas de Luisiana (LOGA, por sus siglas en inglés), que representan a la industria del petróleo y el gas.

Esta enmienda llegó a la votación por medio del proyecto de ley HB 360, promovido por el representante estatal republicano Mike Huval. Fue aprobada por unanimidad, con aprobación por ambos partidos tanto en la Cámara (98-0) como en el Senado (33-0).

Nadie habló en contra del proyecto de ley HB 360 y el proyecto se abrió paso en varios comités de la Cámara y el Senado.

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda para permitir el uso del Fondo de estabilización presupuestaria, también conocido como el Fondo de emergencia, para los gastos estatales derivados por un desastre declarado por el gobierno federal?"

¿Qué es lo que cambiaría?

El Fondo de estabilización presupuestaria, o Fondo de emergencia, es un fondo que el estado puede usar para llenar los déficits del presupuesto cuando el estado aporta menos ingresos de los esperados. El fondo existe desde 1990, y la legislatura ha puesto en marcha una serie de garantías para asegurarse de que sólo se utiliza para el propósito previsto. Los legisladores estatales no pueden retirar más del déficit proyectado o más de un tercio del saldo total del fondo, y sólo pueden utilizar el dinero si dos tercios de la Cámara y el Senado están de acuerdo.

Si esta enmienda es aprobada por los votantes de Luisiana, permitiría a los legisladores estatales utilizar el fondo para responder rápidamente a un desastre declarado por el gobierno federal, antes de que el estado pueda recibir la ayuda para desastres del gobierno federal. Una vez que el dinero de la ayuda federal llegue, el estado tendría que reemplazar lo que hubiera sacado del fondo. Todas las demás normas sobre los límites de retirada y la aprobación legislativa seguirían siendo las mismas.

¿Quién está a favor y quién en contra?

Luisiana sufre muchos desastres naturales. Ese es el simple hecho de la base de los argumentos a favor y en contra de esta enmienda.

Los partidarios dicen que este cambio daría al estado la flexibilidad necesaria para aliviar el sufrimiento de los habitantes de Luisiana lo antes posible en caso de huracanes o inundaciones.

El representante Gary Carter (D-Nueva Orleans) patrocinó la enmienda y la legislación complementaria.

"Es para permitir que el estado de Luisiana se recupere por sí mismo cuando se declara una emergencia por el gobierno federal y no tener que esperar a que FEMA o el gobierno federal, o cualquier otra persona venga a rescatarnos", dijo Carter.

Pero los opositores señalan que el proceso de reembolso del gobierno federal puede ser largo y complicado, lo que podría dejar al estado con un nivel bajo de los fondos de emergencia en ese intervalo. Eso podría dejar a algunos servicios estatales desprotegidos en caso de recesión y podría perjudicar la calificación de los bonos del estado y aumentar el costo de los proyectos de construcción a largo plazo.

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda para limitar el aumento del límite de gastos para el fondo general del estado y los fondos dedicados y para eliminar el cálculo de su factor de crecimiento de la Constitución?"

¿Qué es lo que cambiaría?

Esta es un poco difícil, porque Luisiana ya tiene un límite de gasto y la constitución del estado requiere que el estado tenga un presupuesto equilibrado cada año.

Si se aprueba, esta enmienda haría tres cosas:

1. Impondría un límite duro del cinco por ciento en el crecimiento de los gastos cada año, independientemente de los cálculos del factor de crecimiento.

2. Reemplazaría la fórmula actual del estado para calcular los límites de gasto por una fórmula más complicada que promedie los cambios en los ingresos personales, el producto interno bruto, el índice de precios al consumidor y la población.

3. La legislatura puede hacer cualquier cambio sobre la marcha en el límite de gastos con un voto de dos tercios.

El efecto previsto es limitar la tasa de crecimiento del presupuesto del Estado. La enmienda entraría en vigor el 30 de junio de 2022.

¿Quién está a favor y quién en contra?

¿Pasas mucho tiempo pensando en las estadísticas económicas que el estado utiliza en su cálculo de los límites de gasto? Probablemente no.

Su decisión sobre esta enmienda tendrá más que ver con quién la apoya y quién se opone a ella.

La enmienda 4 fue propuesta por el Rep. Beau Beaullieu (R-New Iberia) y ha ganado el apoyo del grupo conservador Pelican Institute for Public Policy. Reconocen que es difícil recortar el presupuesto estatal, y en su lugar proponen limitar el crecimiento en el frente.

Los críticos, incluyendo a Jan Moller del Proyecto de Presupuesto de Luisiana, una organización de tendencia izquierdista que aboga por las familias de bajos y medianos ingresos llama al tope del cinco por ciento en el crecimiento de los gastos un "instrumento contundente" que frenaría la recuperación del estado en caso de una recesión. El Council for A Better Louisiana no tomó ninguna posición sobre la propuesta, pero dijo que le preocupaba que el tope pudiera "limitarnos en el gasto de los dólares que realmente tenemos en cosas que sabemos que necesitamos".

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda que autorice a las autoridades regionales a llegar a acuerdos de exención de impuestos ad valorem para la creación de empresas de producción nuevas o en expansión para realizar pagos directos en lugar de pago de impuestos?"

¿Qué es lo que cambiaría?

Permitiría a algunas compañías de energía y producción a realizar pagos directos a las autoridades regionales en lugar de pagar impuestos sobre la propiedad.

Los pagos pueden ser utilizados por las autoridades regionales para diversos fines, entre ellos, diferentes actividades o para el pago de bonos para proyectos de infraestructura pública. Estos acuerdos serían completamente voluntarios.

Luisiana ya tiene un programa de incentivos fiscales para fomentar el desarrollo económico, llamado Programa de Exención de Impuestos Industriales Ad Valorem de Luisiana (ITEP, por sus siglas en inglés), que proporciona una disminución del 80 por ciento del impuesto a la propiedad por un período inicial de cinco años y la opción de la renovación por cinco años más. Esta enmienda crearía una nueva herramienta opcional para que las autoridades regionales negocien un programa de financiación "mejorado" para las necesidades regionales sin tener que esperar ese período de ocho o diez años del ITEP.

¿Quién está a favor y quién en contra?

La Asociación de Juntas Escolares de Luisiana, la Asociación del Jurado Policial, la Asociación del Sheriff de Luisiana y múltiples organizaciones empresariales apoyan esta enmienda.

De acuerdo con el Consejo de Investigación de Asuntos Públicos, que es neutral, los asesores generalmente se oponen a la enmienda porque les preocupa que sea más generosa que el ITEP.

Organizaciones comunitarias, como Together Louisiana, una coalición popular de 250 congregaciones religiosas y organizaciones cívicas, también se oponen enérgicamente a esta enmienda, argumentando que da preferencia a las empresas privadas y provocaría una menor financiación de la educación e infraestructuras porque permitirá a los políticos regionales negociar las condiciones del pago de los impuestos.

Los críticos con esta enmienda sostienen que para los municipios regionales puede fomentar la búsqueda de ganancias a corto plazo en detrimento de las planificaciones a largo plazo. Los gobiernos regionales recibirán menos ingresos fiscales, lo que podría dar lugar a recortes de gastos o a un aumento de los impuestos.

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda para aumentar la cantidad máxima de ingresos por individuo para poder recibir el nivel especial de evaluación para residencias que reciben la exención de la propiedad?"

¿Qué es lo que cambiaría?

Esta enmienda ampliaría la cantidad de la exención de la propiedad residencial del estado, que limita los impuestos sobre la propiedad para aquellas personas de 65 años o más cuyos ingresos no sean superiores a 77.030 dólares al año. La exención sólo se aplica a la residencia principal del individuo. La exención del impuesto sobre la propiedad ha estado en la constitución de Luisiana desde 1998 con unos ingresos máximos iniciales de 50.000 dólares. Este máximo se ha ido ajustando anualmente debido a la inflación.

Si se aprueba, esta enmienda aumentaría los ingresos hasta un máximo de 100.000 dólares. Los ajustes anuales por inflación se reanudarían en 2026.

¿Quién está a favor y quién en contra?

La enmienda fue patrocinada por la representante Stephanie Hilferty (R-Metairie), una agente de bienes raíces comerciales. Ella señala que muchas personas están trabajando muy por encima de los 65 años y que los ingresos de ambas partes es cada vez más común entre las parejas mayores.

El Consejo de Investigación de Asuntos Públicos y el Consejo para una Mejor Luisiana no se pronunciaron sobre esta propuesta de enmienda, pero en general se oponen a añadir exenciones fiscales a la ya enrevesada constitución del estado.

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Apoya una enmienda para crear el Fondo Fiduciario Permanente de Propiedades No Reclamadas de Luisiana para preservar el dinero que permanece sin reclamar por su dueño o dueños?"

¿Qué es lo que cambiaría?

Esta propuesta de enmienda es el resultado de un compromiso entre el Gobernador John Bel Edwards y el Tesorero del Estado John Schroder. Edwards y Schroder pasaron la mayor parte de un año discutiendo sobre qué hacer con el dinero sobrante del fondo de propiedades no reclamadas del estado.

Cuando los cheques de pago no se cobran, cuando los depósitos de servicios públicos se olvidan, y cuando las cuentas bancarias permanecen inactivas durante demasiado tiempo, ese dinero es finalmente entregado al tesorero del estado a través de una confiscación del estado (El programa Planet Money de NPR dedicó un programa completo a dicha práctica a principios de este año). El tesorero del estado se encarga de devolver ese dinero, o "propiedad no reclamada", a sus legítimos propietarios. Cada año el estado recoge más propiedad no reclamada de las empresas de la que puede devolver a los ciudadanos, por lo que el exceso suele ponerse a disposición de la legislatura.

Los legisladores estatales se han sentido tan seguros de esa fuente de ingresos que en 2011 decidieron dedicar 15 millones de dólares de propiedades no reclamadas cada año para el pago de los bonos de la expansión de la Interestatal 49.

Pero desde que asumió el cargo en 2017, Schroder ha hecho un esfuerzo mayor para devolver más de esa propiedad no reclamada a sus dueños. Creó una y contrató personal adicional. En 2018 y 2020, tuvo que detener temporalmente los reembolsos porque la devolución de decenas de millones de dólares a la legislatura lo dejó con muy poco dinero al finalizar el año.

Esta enmienda evitaría eso al crear el Fondo Permanente de Propiedad No Reclamada. Las recaudaciones anuales del estado de las empresas se emplazarían en una cuenta de depósito en garantía y se utilizarían para pagar los reembolsos del año. Todo lo que sobra sería transferido al nuevo Fondo Permanente de Propiedades No Reclamadas. El tesorero invertiría ese dinero, teniendo suficiente a su disposición para pagar las reclamaciones si alguna vez se agotan los fondos en la cuenta de depósito en garantía. Cualquier ganancia por inversión o los intereses generados por este fondo podría ser usado para pagar servicios estatales.

¿Quién está a favor y quién en contra?

Después de años de acalorados debates, el gobernador demócrata John Bel Edwards y el tesorero estatal republicano John Schroder llegaron finalmente a este acuerdo. Este verano, la enmienda se abrió por el proceso legislativo con el apoyo de ambos partidos.

La propuesta sobre las apuestas de competiciones deportivas

Esta es la pregunta que aparece en la papeleta:

"¿Se permitirán las actividades y operaciones de apuestas de competiciones deportivas en la parroquia de _______?"

¿Qué es lo que cambiaría?

Los votantes decidirán parroquia por parroquia si quieren legalizar las apuestas de competiciones deportivas. Pero incluso si la mayoría de los votantes de su parroquia votan para legalizar este tipo de apuestas, no sucederá de inmediato. Los legisladores estatales y la Junta de Control de Juegos aún tienen que establecer el marco regulador y la estructura fiscal para cualquier apuesta deportiva en el estado.

Los legisladores tendrán que decidir si permiten apuestas sobre las competiciones universitarias o sólo de las profesionales, y determinar cómo y dónde la gente puede realizar las apuestas. Los esfuerzos anteriores por legalizar las apuestas de competiciones deportivas habrían limitado la práctica a zonas designadas dentro de los casinos. En otros estados, los jugadores pueden hacer apuestas por internet. Los legisladores, los grupos de presión de los juegos de azar y las organizaciones religiosas tienen opiniones muy firmes sobre estas cuestiones, y no hay garantía de que la legislatura lo resuelva todo cuando se reúna esta próxima primavera en la sesión ordinaria de 2021.

Este planteamiento de "votar primero, regular después" fue el mismo que se utilizó en 2018 para legalizar los equipos de deportes virtuales diarios en 47 de las 64 parroquias de Luisiana. Los legisladores tardaron más de lo esperado en establecer el marco regulador y la estructura fiscal de las apuestas diarias de competiciones de fantasía, pero finalmente lo lograron este verano.

¿Quién está a favor y quién en contra?

Si ha visto el fútbol americano este otoño, probablemente ha visto los anuncios de , un comité de acción política financiado por los grandes casinos, pidiendo el voto por las apuestas de competiciones deportivas.

Ellos, y muchos legisladores estatales, ven las apuestas de competiciones deportivas como una forma de aumentar rápidamente los ingresos del estado. La industria de las apuestas estima que el estado podría recaudar 330 millones de dólares en ingresos fiscales cada año, es decir, dinero que podría ser canalizado hacia las escuelas, la educación infantil y la envejecida infraestructura del estado. Argumentan que los residentes en Luisiana están viajando a los estados de Mississippi o Arkansas para realizar apuestas de competiciones deportivas, y el estado podría recuperar parte de esos ingresos fiscales.

Tanto los casinos convencionales como los instalados en ríos o los de pistas de carreras apoyan el proyecto de legalizar las apuestas de competiciones deportivas, especialmente si sólo se permite en sus instalaciones. Lo ven como una manera de atraer a un público más joven al negocio de las apuestas.

Por esas mismas razones, los grupos evangélicos se oponen. Ven las apuestas de competiciones deportivas como el primer paso a la adicción a los juegos de azahar.

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